El policía asesor de Cospedal pagó con fondos reservados el espionaje a Bárcenas cuando era alto cargo en Castilla-La Mancha

El policía asesor de Cospedal pagó con fondos reservados el espionaje a Bárcenas cuando era alto cargo en Castilla-La Mancha

El comisario Andrés Gómez Gordo participó en el reparto de fondos reservados de la operación espionaje a Luis Bárcenas cuando era el jefe de escolta de María Dolores de Cospedal y el hombre para todo de la entonces presidenta de Castilla-La Mancha. 

Así consta en un informe de la UDEF aportado al sumario del caso Bárcenas, al que ha tenido acceso elDiario.es, que apunta que, junto al comisario José Manuel Villarejo, ahora en prisión, Gómez Gordo “abonó” a Sergio Ríos Esgueva, chófer de la familia Bárcenas, “un montante de 53.266,22 euros” con “origen en fondos reservados”. Los recibos de esos pagos figuran en el sumario, al que ha tenido acceso Eldiario.es y se pueden consultar aquí.

Ríos Esgueva es uno de los protagonistas del “operativo parapolicial” investigado en la Operación Kitchen, un compendio de maniobras extrapoliciales para tratar de evitar que el tesorero del PP pusiera contra las cuerdas con sus revelaciones al partido en el Gobierno. Fue el topo que la brigada política, un grupo de agentes que trabajaban al margen del cuerpo y sin mandato policial siguiendo encargos para debilitar a los rivales políticos del PP o defender al partido de su corrupción, infiltró en el domicilio de los Bárcenas para robar documentos y facilitar información sobre los movimientos de la familia. 

A cambio recibió los citados 53.266,22 euros entre julio de 2013 y septiembre de 2015. Tras recibir durante casi dos años pagos mensuales de 2.000 euros,  una cantidad desmesurada para un confidente, ingresó en la Policía con 42 años, al finalizar la misión, también como parte del pago por haber actuado como topo. 

Gómez Gordo trabajó durante años fuera de la Policía siempre al servicio del PP y, especialmente, de María Dolores de Cospedal mientras ésta era presidenta de Castilla-La Mancha. Tenía un despacho a unos pocos metros de la entonces presidenta castellano-manchega que lo situó como alto cargo de la administración regional: director general de documentacion y análisis del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Regresó a la Policía para gestionar la relación con el chófer de Bárcenas, al que conocía por haber trabajado junto a él para el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, -el dirigente que da nombre a la operación Púnica, otro gran sumario de corrupción- y a los seis meses de volver fue condecorado con una medalla pensionada. 

Otro de los investigados en la Operación Kitchen, Enrique García Castaño, le ha señalado ante el juez como el autor del informe PISA con el que el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz quiso acusar falsamente a Podemos de financiación ilegal. Un atestado sin firma ni membrete que fue aireado por la prensa conservadora y que nunca tuvo ningún recorrido en los tribunales. 

El informe de la UDEF en el caso de la Caja B otorga a Gómez Gordo un papel relevante en la trama y asegura que, junto a Ríos Esgueva, sustrajo a través de un disco duro externo “información sensible” que estaba en poder del extesorero para evitar que fuera difundida a terceros y que “pudiera incorporarse al procedimiento judicial” de la caja B “convirtiéndose en nuevos elementos indiciarios que coadyuvaran a sustentar o ampliar” la investigación. Su jefa en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal está a un paso de ser imputada, después de que Anticorrupción la señalase como una de las participantes, junto al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la Operación Kitchen, que ahora indaga sobre todas esas artimañas de la policía política para tratar de exculpar del PP en el caso de la caja B.

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Las pruebas de los pagos con fondos reservados al chófer que espió a Bárcenas

Las pruebas de los pagos con fondos reservados al chófer que espió a Bárcenas

El policía que se infiltró en casa de la familia del extesorero del PP, Luis Bárcenas, estuvo cobrando durante dos años 2.000 euros al mes del Ministerio de Interior con el Gobierno de Mariano Rajoy por recabar información y documentos del extesorero del Partido Popular cuando este amenazaba con tirar de la manta. El sumario de la Operación Kitchen aporta las pruebas de los pagos efectuados con cargo a los fondos reservados a Sergio Ríos, el topo que se infiltró en el domicilio de la familia como chófer de la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, y al que Interior premió después con un puesto de funcionario en la Policía Nacional. 

Mensualmente desde julio de 2013 a abril de 2015 Ríos firmaba un recibí en el que confirmaba que cobraba 2.000 euros “por los gastos contraídos con ocasión de las gestiones y/o asesoramiento en materia de prevención, seguridad y otras, efectuadas durante el mes en curso”. El texto de conformación de los cobros que suscribió durante años es idéntico, a veces en papeles manuscritos y otras con documentos más elaborados que servían para justificar el gasto de los fondos reservados. La Fiscalía Anticorrupción ya determinó en el escrito que elaboró sobre este dispositivo parapolicial que al chófer de la familia Bárcenas se le había puesto esa asignación mensual para conseguir información del extesorero del PP e imputó a Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad entre 2014 y 2016, que en documentos incautados por la policía ha señalado a quien fue su jefe, el ministro del Interior, Jorge Fernández díaz. elDiario.es reproduce en esta información varios ejemplos de los comprobantes de esos pagos.

En el informe presentado ante el juez se realiza un desglose del dinero abonado a Ríos: durante los meses investigados el chófer de Bárcenas recibió un extra de 50.000 euros divididos en 25 mensualidades de 2.000 euros. A esa cantidad hay que sumarle 2.574,53 euros en concepto de gastos por comida, café y aperitivos, 496,65 euros por transporte y 195 euros sin concepto. El informe policial incluye albaranes, facturas y tickets de restaurante presentados a Interior y sufragados con cargo a los fondos reservados.

A cargo de ese presupuesto del Ministerio del Interior no solo se costearon comidas, transportes, aparcamiento del coche, desplazamientos en taxi y “café-aperitivos” consumidos por Ríos, también figura entre los documentos recopilados por la Dirección General de la Policía el siguiente concepto: “700 euros, compra pistola para ‘cocinero”, el nombre clave con el que los agentes que formaban parte del operativo se referían al topo que consiguió penetrar en casa del extesorero del PP. El arma, una pistola glock, fue adquirida el 4 de diciembre de 2013 por el comisario Enrique García Castaño en la Armería San Huberto, ubicada en el barrio de Chamberí. 

El sumario acumula páginas y páginas de tickets que Ríos fue presentando para acreditar sus gastos diarios. Consumiciones en establecimientos de comida rápida, como Burguer King o Vips, pero también hay almuerzos en muchos restaurantes situados en el barrio de Salamanca, en calles cercanas al domicilio de la familia Bárcenas. Por ejemplo, en el restaurante Ponteareas, situado en la calle Claudio Coello, el 21 de octubre de 2014 el chófer de Iglesias aportó una cuenta de 97 euros para una comida que compartió con otra persona, pidieron anchoas, ensaladilla, merluza y un par de cervezas. Ocho días después almorzó junto a dos personas más en La Torcaz, ubicado en la calle Lagasca. Saldaron la sobremesa con una cuenta de 178 euros, entre los platos figuran verdinas, pato, alcachofas rellenas y merluza. 

Durante las conversaciones mantenidas en aquellos meses entre el excomisario Villarejo y el chófer de Iglesias el primero requiere al topo infiltrado en la familia del extesorero que busque información comprometedora que pueda tener Bárcenas sobre Cospedal y Rajoy, según detalla los investigadores de Asuntos Internos en el informe que han elaborado durante la investigación de la Operación Kitchen. Los agentes detallan que este operativo “se trataría de una operación encaminada a la localización de documentos y archivos comprometedores con dirigentes del Partido Popular, la cual habría tenido un resultado positivo y estaría coordinada por el entonces secretario de Estado de Seguridad (con conocimiento de El Asturiano y El Largo) sin que exista constancia hasta el momento de que el material incautado haya sido obtenido en el procedimiento judicial”.

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El policía que investiga la caja B concluye que el Gobierno del PP buscaba "un arma" para chantajear a Bárcenas

El policía que investiga la caja B concluye que el Gobierno del PP buscaba

El inspector jefe que ha investigado durante más de una década Gürtel y la caja B del PP asegura en un informe entregado al juez de la causa de corrupción que el espionaje a Luis Bárcenas tuvo entre sus finalidades obtener documentos que permitieran al Partido Popular “anticiparse” a la actuación judicial en su “estrategia de defensa”, así como disponer de “un arma a su favor en una negociación” con el extesorero del partido, que había comenzado a confesar la financiación irregular durante al menos veinte años.

En un extenso informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, el inspector jefe Manuel Morocho analiza la documentación del espionaje que remitió el Juzgado número 6, el del caso Villarejo y la Operación Kitchen al juez de la caja B. Se trata de conocer la incidencia del espionaje a Bárcenas que tuvo la “operación parapolicial” en la investigación judicial de la caja B. 

“Se trata de informacion de inteligencia, en el sentido de conocimiento, que una vez integrada y analizada permite darle un uso operativo para anticiparse a las actuaciones judiciales previniéndose de los riesgos que las mismas pueden entrañar en su estrateiga de defensa”, escribe el agente 81.067 de la UDEF. 

Asimismo, el Ministerio del Interior, al que el investigador atribuye directamente la operación de espionaje extrajudicial, buscó “las vulnerabilidades de la persona (Bárcenas) y su entorno” para contar con un “arma a su favor en una negociación” el extesorero y antiguo gerente del Partido Popular. 

“Esta actuación se sitúa extramuros del procedimiento judicial y pretende eludir el control del juez de instrucción sobre la práctica de diligencias dirigidas a la averiguación de los hechos que corresponde de manera exclusiva y excluyente al juez (…) así como de la unidad policial a la que por mandato judicial se comisionó en exclusiva para la práctica de diligencia y propuesta de actuaciones”, asegura el agente 81.067 en su informe. 

Para el inspector jefe Morocho, los documentos encontrados a Villarejo y publicados por varios medios, sustraídos a la familia Bárcenas, “confirman la veracidad del contenido de la cuenta analítica de donativos y la naturaleza de la misma en el sentido de la existencia de dinero negro recibido por le Partido Popular con origen en donantes adjudicatarios de obra pública que se aplicaba en parte al pago de cantidades a cargos públicos de la formación”.

Uno de esos documentos, revelado por El Independiente, muestra que presuntamente se destinaron hasta 65.623 euros de la contabilidad B a servicios de sastrería para Rajoy y sus exministros Rodrigo Rato, Federico Trillo y Francisco Álvarez Cascos. Según el informe, su contenido guarda “una correlación objetiva, subjetiva y temporal con el contenido de la contabilidad gestionada por Luis Bárcenas”.

Los investigadores también hallaron en casa de Villarejo documentos manuscritos elaborados por parte de Rosalía Iglesias, apuntes relativos a la campaña electoral municipal y autonómica del año 2003 del PP de Madrid e información sobre “facturación diversa” que los mandos policiales de la Operación Kitchen habían sustraído a los Bárcenas. 

El informe afirma también que Sergio Ríos, el chófer que participó como topo en la operación, y el comisario Andrés Gómez Gordo sustrajeron a través de un disco duro externo “información de carácter digital” que estaba en poder del extesorero para que estuviera bajo “control” y pudieran conocerla “responsables” del PP. De esa forma, dice el inspector jefe de la UDEF, también se pretendía evitar esa “información sensible” fuera difundida a terceros y que “pudiera incorporarse al procedimiento judicial” de la caja B “convirtiéndose en nuevos elementos indiciarios que coadyuvaran a sustentar o ampliar” la investigación. 

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Un informe policial de Asuntos Internos señala que Rajoy tuvo "conocimiento" del espionaje a Bárcenas

Un informe policial de Asuntos Internos señala que Rajoy tuvo

Un informe de la Unidad de Asuntos Internos analiza las grabaciones incautadas al Comisario Villarejo tras su detención y señala que el espionaje a Luis Bárcenas fue una operación “coordinada” por el secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016, Francisco Martínez, “con conocimiento del Asturiano y del Largo”. “El Asturiano” es identificado por los investigadores como el entonces presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy Brey, mientras que “El Largo” es el abogado Javier Iglesias, al que Villarejo y otros implicados señalan reiteradamente como nexo con el jefe del Ejecutivo, según recoge la Fiscalía Anticorrupción en su informe de solicitud de imputación de Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal.

Villarejo dejó por escrito una nota en la que decía que las averiguaciones de la operación Kitchen versaban sobre “la localización de documentos, así como el descubrimiento de actividades de interés policial-judicial del objetivo L-B” y que debería ser informada “inmediatamente” la autoridad judicial, algo que nunca ocurrió.

Los policías de Asuntos Internos, sin embargo, escriben: “Se colige que en realidad se trataría de una operación encaminada a la localización de documentos y archivos comprometedores con dirigentes del Partido Popular, la cual habría tenido un resultado positivo y estaría coordinada por el entonces secretario de Estado de Seguridad (con conocimiento de El Asturiano y El Largo) sin que exista constancia hasta el momento de que el material incautado haya sido obtenido en el procedimiento judicial”. Lo cierto es que ni los investigadores de los papeles de Bárcenas ni el juez del caso recibieron nunca esa información.

Los investigadores hacen constar en su informe, fechado el 29 de octubre de 2018, que tanto Villarejo como el comisario Enrique García Castaño hacen varias alusiones durante sus conversaciones al material sensible que poseen por haber participado en la Operación Kitchen. Ambos comentan que personalmente les beneficiaba más “estar callados” pero en varias ocasiones amenazan con hacer públicas algunas de las informaciones que poseen: “Imagínate, imagínate si empiezas, si empezamos a hablar de los menajes de cocina por ejemplo”, dice Villarejo en alusión a las comunicaciones con el chófer.

Además, mencionan también el material comprometedor que tendría Francisco Martínez, con el que mantienen comunicaciones constantes. “Yo hablo con Paco mucho, y Paco está indignado (…) Yo también hablo con él y le digo, macho, con lo que tú sabes y con las gestiones que tú has hecho tan directa, tan directamente en las alturas máximas, y con tal, ¿cómo coño estás permitiendo eso?”, espeta Villarejo a García Castaño en una de las grabaciones.

En otra de las conversaciones que mantienen vuelven a hacer alusión a la información que poseen, tras el cese de García Castaño. Villarejo le dice que no debería haberlo permitido: “yo le habría dicho, dile al Ministro que le busco la ruina y al Secretario de Estado o a quien te haya dicho esto que les busco la ruina a todos, díselo, a ver si tienen cojones”.

El excomisario añade que él ya usó esa estrategia: “Lo que yo hice en el 2012. En el 2012 cuando el tema de Ignacio González, que me dijo el Cosidó, me das la información y no sé qué y lo mandé a cagar y tal y cual, le dije a Pino, digo trasmítele que le monto un chocho a todos que se cagan. Y por la tarde me llamó y no que ha habido un error, que tal y que cual, me llamó la Cospe, joder no delates a nadie, que tal…. Y yo ¿Cómo que no? Os busco la ruina a todos y al primero al “barbas”, a tomar por culo”.

El informe de la Fiscalía en el que detalle las maniobras de los implicados en Kitchen desveló que los policías se referían a Mariano Rajoy como “El Barbas” o “El Asturiano”. En esa misma conversación comentan el material sensible que tendría García Castaño sobre Kitchen. Según los investigadores, una serie de documentos sobre el espionaje a Bárcenas, que Villarejo define como “una operación para quitarle al Bárcenas los papeles que le comprometían al Presidente”.

Los investigadores de Asuntos Internos reseñan en su informe que en las conversaciones de Villarejo con el chófer de la mujer de Bárcenas queda claro que el excomisario le apremia a que busque la información comprometedora que pueda tener el extesorero sobre Cospedal y Rajoy. En concreto, unas grabaciones: “Lo único es que ese tipo de conversaciones, macho, en ese pendrive, es algo que de alguna manera hay que darle al tarro para, para encontrarlo, macho”.

Según se deduce de la conversación, la grabación a la que alude sería una conversación entre Bárcenas, Cospedal y Rajoy en el despacho del entonces presidente del PP. Según el chófer, en esa conversación Rajoy interpela a su extesorero para preguntarle como es que tiene guardada cierta información comprometedora, a lo que Bárcenas responde: “Tengo eso y mucho más”.

El propio Ríos le dice a Villarejo que Rajoy tiene que conocer la existencia de esa grabación, que Bárcenas “no le ha enseñado a nadie”, en referencia a que cree que no se la ha filtrado a ningún periodista: “Eso lo tiene que saber el presidente, ¡vamos!”. “No, claro”, responde el excomisario, que empieza a trazar con él una estrategia para hacerse con esa información.

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Sanidad registra 8.866 nuevos casos de coronavirus, un tercio de ellos en Madrid

Sanidad registra 8.866 nuevos casos de coronavirus, un tercio de ellos en Madrid

El Ministerio de Sanidad ha registrado 8.866 casos nuevos de coronavirus, de los que 4.410 se han dado en las últimas 24 horas. La comunidad con más casos sigue siendo Madrid, que suma 2.923 (1.728 entre ayer y hoy). En total, desde el inicio de la pandemia se han infectado 543.379 personas confirmadas por test.

Tras Madrid, Catalunya es la segunda comunidad con más casos: añade este miércoles 865 –de los que 93 se han detectado en el último día; seguida de Andalucía, con 786 y 366 respectivamente; Euskadi, con 677 y 633 y Aragón, con 294 y 281.

Además, Sanidad ha sumado 34 muertos con coronavirus al balance desde marzo, lo que eleva la cifra desde entonces a los 29.628. De ellos, 246 han fallecido en los últimos siete días.

Continúan subiendo los ingresos en los hospitales: esta semana ha habido 2.060. La comunidad con más pacientes en estos centros es Madrid (396), seguida de Andalucía (379), Murcia (185), la Comunitat Valenciana (182), Castilla y León (165), Canarias (160), Galicia (150) y Aragón (105). El resto han notificado menos de un centenar y las regiones con menos casos son Euskadi (cinco) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (tres y ocho, respectivamente).

También aumentan los ingresos en UCI: en los últimos siete días, ha habido 171, repartidos por toda España, menos por Euskadi, Castilla-La Mancha, Cantabria y las Islas Baleares. La regiones con más casos son Canarias (39), la Comunitat Valenciana (27) y Andalucía y Murcia (24 cada una). Las comunidades restantes han tenido menos de 20 pacientes en cuidados intensivos.

La jefa de científicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Soumya Swaminathan, ha advertido este miércoles de que no espera que las posibles vacunas contra la COVID-19 estén disponibles para la población general antes de dos años, aunque los primeros grupos de riesgo podrían ser inmunizados a mediados de 2021.

“Muchos piensan que a principios del próximo año llegará una panacea que lo resuelva todo, pero no va a ser así: hay un largo proceso de evaluación, licencias, fabricación y distribución”, ha subrayado. “Es la primera vez en la historia que necesitamos miles de millones de dosis de una vacuna”.

Por otro lado, en el Boletín Oficial de Castilla y León se han publicado las órdenes de la Consejería de Sanidad por las que se prorrogan las medidas sanitarias preventivas para la contención de la pandemia de la COVID-19 en las ciudades de Valladolid y Salamanca. Las nuevas restricciones, aprobadas la semana pasada, limitan los aforos a 25 personas en espacios cerrados como teatros, cines y espacios deportivos (a 50 en el caso de espacios abiertos), prohíbe el consumo en barra en los bares y restaurantes y limita el número de personas que pueden acudir a velatorios y bodas.

Estas semanas está teniendo lugar la vuelta al cole en las diferentes comunidades. Mientras este martes una clase de un colegio de Madrid tenía que ser confinada, hoy en Euskadi, el Departamento de Educación del Gobierno vasco, siguiendo indicaciones del Departamento de Salud, ha decidido suspender temporalmente la actividad educativa del Centro de Educación Infantil y Primaria Zaldibar, en la localidad vizcaína, tras detectar “varios casos positivos” entre su profesorado.

Asimismo, en Castilla-La Mancha la Consejería de Educación ha iniciado un proceso de “contratación urgente” de personal de Enfermería en centros educativos para este curso, aunque lo hará exclusivamente para centros de la provincia de Toledo. Fuentes de la Consejería consultadas por elDiarioclm.es explican que el proceso, que se abrió el día 7 de septiembre, se cierra este miércoles. “Es solo para Toledo ya que era la provincia donde teníamos necesidad. Las demás provincias estaban cubiertas”.

También, en Cantabria la Consejería de Sanidad ha detectado este miércoles el primer caso positivo por coronavirus en un centro escolar de la comunidad autónoma. Lo ha confirmado en rueda de prensa el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), en una comparecencia en la que ha hecho público este caso, pero en la que no ha dado más datos al respecto ya que, según ha explicado, será la propia Consejería de Educación la que confirme en las próximas horas de qué centro se trata y el protocolo establecido con los posibles afectados.

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Solo 18 docentes de 1.500 que dieron positivo en los tests serológicos de la Comunidad de Madrid tienen coronavirus por PCR

Solo 18 docentes de 1.500 que dieron positivo en los tests serológicos de la Comunidad de Madrid tienen coronavirus por PCR

Las pruebas serológicas que la Comunidad de Madrid realizó la semana pasada a la comunidad educativa arrojaron que unos 3.000 profesores dieron positivo en ese test que mide anticuerpos, es decir, podían estar pasando la Covid-19 en esos momentos. La sorpresa ha llegado este miércoles: solo 18 docentes han dado positivo en la prueba PCR posterior que se ha realizado ya a 1.500 de ellos para confirmar que podían tener la enfermedad. Esto supone que solo un 1,8% de los que había dado positivo en el test serológico se confirmaron después, según ha informado este miércoles el consejero de Educación, Enrique Ossorio, en rueda de prensa. Según ha explicado Ossorio, aun faltan por realizar otras 1.500 pruebas y será cuando se vean esos resultados cuando se valorará si se procede a repetir la prueba. De entrada, según ha podido saber elDiario.es, esos profesores con PCR negativa ya están haciendo vida normal.

Ossorio ha detallado que de las pruebas que ya se han llevado a cabo, un total de 95.000, han sido 3.000 las personas que han dado positivo. “La buena noticia es que conocidas la mitad de esas PCR solo hay 18 positivos”, ha declarado. Ossorio ha indicado entonces que como quedan por realizar la mitad aún de los PCR la cifra final real de contagiados podría alcanzar los 40 docentes.

Ossorio ha calificado estos datos que muestran el gran margen de error de las pruebas serológicas como “una buena noticia”. Para el consejero la cifra de 2.000 positivos en estos tests habían causado “preocupación”, algo que se ha disipado con la segunda prueba de confirmación PCR. “Es bueno que sepamos que el dar positivo en las pruebas de anticuerpos está diciendo que ha podido estar expuesto a la enfermedad, que lo ha pasado, pero luego hay un PCR para confirmarlo”, ha apuntado el consejero.

El consejero no ha sabido precisar no obstante el coste del contrato a Ribera Salud, que se ha encargado de hacer tanto las pruebas serológicas como las PCR a los positivos después.

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Carlos Estévez, investigador adjunto de la vacuna de Oxford: "Parar un ensayo clínico es muy habitual"

Carlos Estévez, investigador adjunto de la vacuna de Oxford:

Carlos Estévez Fraga es neurólogo y ha participado en los ensayos clínicos de proyecto de vacuna contra el coronavirus de la Universidad de Oxford en el hospital donde investiga del University College de Londres (UCL). Estaba preparado para reclutar más voluntarios en unos días, pero la farmacéutica, AstraZeneca, ha parado todo el estudio mientras investiga una posible reacción grave de una de las más de 10.000 personas voluntarias en los ensayos en marcha. El neurólogo subraya que no tiene ninguna información sobre qué ha sucedido que no sea pública y llama a la prudencia mientras se conocen más detalles. 

¿Cómo de habitual es parar un ensayo para investigar un caso?

Es muy habitual. Es bastante frecuente. Se van realizando revisiones periódicas sobre la seguridad y, en este caso, sobre la eficacia de los fármacos. Hay eventos que hay que notificarlos inmediatamente. Si hay algún ingreso, eso hay que notificarlo inmediatamente. Cuando esas cosas pasan, se puede detener el reclutamiento del ensayo, analizar los datos, tanto por la misma compañía como por una agencia pública que sea externa. 

Entonces hay que ver si este efecto secundario es algo que sea casualidad, que es algo que puede suceder si tienes más de 10.000 y hasta 50.000 personas metidas en un ensayo: puede ser que simplemente una de las personas caiga enferma, que tenga un infarto o lo que sea, por otras causas; o puede ser que esté realmente asociado con la vacuna. Eso hay que investigarlo. En el caso de que haya un efecto secundario asociado con la vacuna, hay que ver cómo es la evolución de esa persona y luego si es algo que se puede prevenir o no. Se puede ver mediante cambios en protocolo: por ejemplo, con una revisión más frecuente, haciendo más análisis, o con un cambio de dosis. Es relativamente frecuente hacer esto en los estudios. 

Igual que no se puede decir “vamos a administrar la vacuna mañana”, tampoco se puede decir “esto es un desastre completo”. Habrá que analizarlo, ver qué ha pasado, ver si se puede prevenir, ver si ha sido causado por la vacuna o no. Y luego, si los datos lo avalan, se puede seguir con el estudio y hacer alguna modificación si es necesario; y si los datos no lo avalan, habrá que parar esto. Incluso si hubiera que parar el estudio, sería una lección útil para otras vacunas que utilizan mecanismos similares. Habrá que ver qué pasa.

¿Es la primera alerta de un posible caso grave?

Que yo sepa, sí.

¿Cuánto se va a tardar en investigar el caso?

No lo sé. Depende del número de casos que haya incluido en el estudio. Depende de lo compleja que sea la enfermedad, del número de pruebas que haya que hacer. Igual que en el resultado de los ensayos, esto depende de un montón de factores. Hay ciertas patologías donde sólo el tiempo te puede decir cuál ha sido la causa. 

Según el New York Times, el caso que se está investigando es de mielitis transversa. Hablamos hace unos días de la vigilancia ante indicios de la enfermedad de Guillain-Barré. ¿Hay una alerta especial con estas enfermedades?

Hay complicaciones que se asocian a las vacunas, y también a otras causas. Estas son dos enfermedades neurológicas conocidas. Las dos son inflamaciones. La mielitis transversa es una inflamación de la médula. Y el síndrome de Guillain-Barré es una inflamación de los nervios.  Pero no he visto ningún comunicado oficial de que éste sea el caso investigado. Si esa fuera la posibilidad, habría que verlo. Tendrían que tomar nota todas las vacunas. Aunque sean complicaciones asociadas a las vacunas, lo más frecuente tanto en el síndrome de Guillain-Barré como la mielitis transversa es que su causa no sean las vacunas, sino que se deban a infecciones u a otras causas. Esto es importante decirlo. Lo que tienen en común es que son trastornos autoinmunes, es decir que tu propio sistema inmunitario ataca a tus nervios, a tu médula espinal. Si fuera este caso, habría que investigar muy bien las causas. Lo que estaba en el placebo era otra vacuna, la de la meningitis. También podría ser una causa potencial.

¿Se habrá identificado a estas alturas que esa persona recibió la vacuna candidata y no el placebo?

No lo sé. Me imagino que sí, por eso lo han parado.

¿Hay manera de prevenir o solucionar estas enfermedades si esa fuera la complicación?

Resolverlas, sí. Hay tratamientos muy buenos. En el caso de Guillain-Barré, hay un fármaco muy efectivo. En el caso de la mielitis, también hay fármacos eficaces, dependiendo de la causa. Pero esto es sólo una hipótesis todavía. 

Si se confirmara la reacción adversa a la vacuna, ¿qué habría que hacer? 

Lo principal es que sea evaluado por un comité externo. Ese comité debería analizar y determinar qué medidas habría que tomar. Depende de la gravedad y la frecuencia de este tipo de eventos. Hay muchas medidas que se pueden tomar. Si está asociado a la dosis, disminuir la dosis. Te pueden hacer revisiones neurológicas regulares para que se detecte pronto si hay alguna complicación. Se puede hacer una prueba de imagen. Depende tanto de lo que haya sido… y, como todavía no hay información definitiva sino especulaciones que no han sido confirmadas, creo que es mejor no dejarse llevar por eso.

¿Es una lección para los políticos? En España, el Ministerio y las autonomías ya hablaban del reparto de vacunas en diciembre.

Es una lección más de por qué es tan importante ser cautos a la hora de tomar decisiones y a la hora de comunicar esas decisiones a la población. También creo que hay que dar un pequeño tirón de orejas a algunos medios porque a veces entre lo que ha dicho el político y lo que aparece en los medios hay una divergencia muy importante. No es lo mismo decir que podría estar disponible y que se va a administrar. Sé que ha habido gente que se ha excedido, con un optimismo un poquito imprudente, quizás. Es tan importante que los políticos sepan comunicar las cosas con cautela y no se dejen llevar por la presión social ahora como que los medios a la hora de transmitirlo sean cautos y no se dejen llevar por el click fácil y el titular sensacionalista. 

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El Gobierno andaluz detectó la "transmisión comunitaria" en Málaga en pleno verano pero la ocultó durante 15 días

El Gobierno andaluz detectó la

El Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía anunció este martes que la evolución de la pandemia en Málaga es “preocupante”, porque ya no sólo padece brotes aislados del coronavirus, sino “un contagio comunitario” por su alta incidencia de positivos y hospitalizados a consecuencia del virus. Málaga es la provincia andaluza que más turistas ha recibido este verano, razón por la que concentra el 30% de los hospitalizados por Covid 19 en esta comunidad, según la Junta. La transmisión comunitaria del virus amenaza con escaparse al control de las autoridades sanitarias, de ahí que el Ejecutivo andaluz esté valorando aumentar las restricciones, la movilidad de las personas y medidas más duras de las que existen para el resto de Andalucía, como los confinamientos parciales de ciudades que ordenaron los gobiernos de Aragón y Catalunya para frenar la curva de contagios en los meses de julio y agosto.

El problema es que el anuncio que hizo este martes el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, aparece ya en un documento de la Consejería de Salud envió hace 15 días a las residencias de mayores de Málaga. La circular, que ha difundido este miércoles IU, está fechada el pasado 24 de agosto, en plena campaña turística, y reconoce ya una “transmisión comunitaria activa” en el distrito sanitario de la Costa del Sol, uno de los focos turísticos más importantes de Andalucía. La Junta no ha hecho oficial esta situación de alarma hasta este martes. Cuatro días antes de la fecha de esta circular, a la que ha tenido acceso este periódico, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, había asegurado que si la incidencia acumulada del virus entraba en fase de “transmisión comunitaria”, se ordenarían confinamientos parciales en aquellas zonas más afectadas. Para terminar de liar las cosas, a media tarde la Consejería de Salud ha desmentido a Bendodo, negando la transmisión comunitaria.

El distrito sanitario de Costa del Sol, donde residen 546.811 personas y que duplica su población en los meses de verano, fue una de las tres zonas de Andalucía con más contagios, que el Ministerio de Sanidad decidió dejar en una fase anterior de desconfinamiento, mientras el resto evolucionaba hacia la siguiente. La circular de Salud alerta de la situación epidemiológica en prácticamente todos los municipios que forman parte de la Costa del Sol. “La incidencia acumulada del virus [en todo el distrito sanitario] es de 163,49 casos detectados por PCR por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, superando el indicador recomendado por la Consejería de Salud, que pone el límite en 30 casos por cada 100.000 habitantes”, reza la misiva. El documento va acompañado de un cuadro con la evolución del índice de contagios en cada uno de los municipios que forman parte de este distrito. La situación más grave es la de Marbella, con una incidencia acumulada de 311,05 casos por cada 100.000 habitantes a fecha 24 de agosto; seguida de Estepona (164,02 casos); Ojén (162,07 casos) y Torremolinos (141 casos).

El distrito sanitario de Costa del Sol en Málaga fue de los más golpeados durante el estado de alarma, y las medidas de confinamiento y restricción de movimientos fueron prolongadas durante más tiempo por el Ministerio de Sanidad, pese a la sonora protesta del Gobierno andaluz, que acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de estar “discriminando” y “maltratando” a la provincia de Málaga por no permitirle avanzar en el desconfinamiento al compás del resto de provincias.

De febrero al pasado 24 de agosto, según la circular de Salud, la incidencia acumulada en este distrito sanitario era de 898,85 casos por cada 100.000 habitantes. A 30 días, del 24 de julio al 24 de agosto, la Junta ya sabía que la incidencia de contagios en esta zona -de gran impacto turístico- tenía un nivel de contagio “preocupante”, de 257,68 casos. En los 14 días previos al 24 de agosto, la incidencia baja a 163,49 casos, pero sigue en fase de “transmisión comunitaria activa”, muy por encima del límite aceptado por Salud. A siete días, entre el 17 y el 24 de agosto, la incidencia acumulada es de 95,10 casos por cada 100.000 habitantes (el triple del indicador recomendado).

Preguntadas sobre la citada circular, la Consejería de Salud y la de Presidencia no se han pronunciado hasta el momento. El coordinador general de IU en Andalucía, Toni Valero, ha pedido la dimisión del titular de Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo. “Nos parece una temeridad inadmisible en plena crisis sanitaria. Además, tanto Bendodo como Aguirre o la delegada de la Junta en Málaga han tenido comparecencias públicas en fechas posteriores -es decir, a sabiendas de que el contagio comunitario ya existía- y han pasado por alto esta circunstancia, aludiendo como siempre la supuesta anticipación del Gobierno andaluz”, explican fuentes de IU.

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By |septiembre 9th, 2020|internet, technology, web|0 Comments

Francisco Martínez, el nuevo "ese señor del que usted me habla" que tiene en su mano a la cúpula de Rajoy en el Gobierno y en el PP

Francisco Martínez, el nuevo

Francisco Martínez es, hasta la fecha, el único cargo público investigado por las actuaciones de la brigada política en el espionaje a Luis Bárcenas y, según su relato, tiene en su mano la implicación de la anterior cúpula de Mariano Rajoy en el Gobierno y en el PP por las supuestas tretas para reventar la trama más grave de corrupción que ha afectado al partido en toda su historia, el caso de la caja B. 

“Si tengo que declarar porque me impliquen, también irán [Jorge] Fernández Díaz y probablemente [Mariano] Rajoy”, escribió en septiembre del año pasado el que fuera número dos de Fernández Díaz en el Ministerio del Interior entre 2013 y 2016. El juez le citó como investigado cuatro meses después, en enero de 2020, tras ser señalado por el comisario Enrique García Castaño como máximo responsable de los fondos reservados que habrían sufragado la operación.

Martínez —que en el sumario de Kitchen aparece mencionado como ‘Paco’ o ‘Choco’, los apodos con los que se referían a él los policías implicados— se ha negado hasta en dos ocasiones a declarar ante el juez Manuel García Castellón. Por ahora ha guardado silencio, quizá a la espera de que fructificaran las gestiones que ha ido haciendo en los últimos meses con dirigentes del PP y otras autoridades y que ha puesto al descubierto el clonado de su móvil, incautado el pasado marzo en su casa de Madrid. 

En abril de 2019 pidió sin éxito al propio Rajoy —que ya estaba fuera de la política— y al actual secretario general del PP, Teodoro García Egea, un puesto en las listas electorales de las elecciones generales que se celebraron el 28 de ese mes que le garantizara unos ingresos y ser aforado ante el Supremo. También contactó al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y dejó por escrito en una nota en su teléfono móvil que la investigación tenía que quedarse “dormida” un tiempo mediando para ello con el juez García Castellón y los fiscales. 

El material que los investigadores encontraron en el domicilio familiar de Martínez está lleno de advertencias y amenazas veladas. En varias de sus comunicaciones, el ex secretario de Estado de Seguridad da a entender que aunque todos se pongan “de perfil” él no va a ser el único que sufra las consecuencias de un asunto que, asegura, ni le “importaba”, ni le “preocupaba”, ni le “interesaba”.

Tras verse cercado por la investigación decidió en 2019 cubrirse las espaldas acudiendo hasta en dos ocasiones a un notario que diera fe de los mensajes que intercambió con Fernández Díaz en 2013, tras estallar el escándalo de los papeles de Bárcenas, y que prueban que el exministro estaba al tanto de la operación. Esos mensajes también apuntan a la posible implicación del CNI en el espionaje al extesorero, como reveló elDiario.es.

La historia puede repetirse para el PP con distintos personajes. Tras negar que la contabilidad B llevaba su letra, Bárcenas acabó asumiendo en 2013 la autoría de los papeles y tirando de la manta en su declaración ante el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, ante el que apuntó a la cúpula del partido. Cuando él y otros dirigentes del PP empezaron a desfilar hacia prisión con Jaume Matas y Carlos Fabra a la cabeza, la estrategia popular marcó distancias con ellos. Y el hombre que había manejado la finanzas del partido durante casi dos décadas se convirtió para Rajoy en “ese señor del que usted me habla”. 

Este martes, el actual líder del PP, Pablo Casado, trató de desvincularse de esta operación afirmando que él era un diputado raso por Ávila cuando se produjeron los hechos que investiga la Audiencia Nacional, que vienen “de tiempos ya muy pasados“. Por su parte, la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, pidió prudencia y que se respete la “presunción de inocencia”. 

Martínez se presenta ahora sí mismo como una víctima, como alguien “leal y comprometido” al que sus superiores han dejado “tirado” y “utilizado vilmente”. Así consta en los mensajes cruzados con varios interlocutores recogidos en el informe en el que la Fiscalía Anticorrupción apunta a que el PP de Rajoy habría utilizado las instituciones del Estado para poner en marcha operaciones parapoliciales en beneficio propio. “Mi grandísimo error en el Ministerio del Interior fue ser leal a miserables como Jorge [Fernández Díaz], [Mariano] Rajoy o [María Dolores de] Cospedal”, escribió en junio del año pasado. 

De origen humilde, Martínez se licenció en Derecho y Económicas con calificaciones excelentes en la universidad privada y católica de Comillas. No es lo que se conoce como un hombre de partido. De hecho, empezó a desarrollar sus facultades para la política al rondar la treintena, cuando ingresó en 2004 en el Cuerpo de Letrados de las Cortes con el número uno de su promoción. En la Cámara Baja llegó a director general de Relaciones Internacionales y fue ahí cuando entabló una relación próxima con Soraya Sáenz de Santamaría, a la que le tocó asesorar en los trámites de inicio de la legislatura. Sus despachos también estaban cerca, lo que propició el buen trato entre ambos. 

En enero de 2013 fue nombrado secretario de Estado de Seguridad, un puesto de gran poder y en el que tenía a su cargo a casi 150.000 policías y guardias civiles. En aquella época, Sáenz de Santamaría y Fernández Díaz todavía mantenían una buena sintonía. La relación entre ambos se empezó a enturbiar a partir de 2016, cuando el entonces titular de Interior se integró en el conocido como G-5, un grupo de ministros amigos entre sí y de Mariano Rajoy que compartían su animadversión hacia la número dos del Ejecutivo. Eso no evitó Martínez siguiera siendo un hombre de la vicepresidenta y al tiempo número dos del ministro. 

Martínez intentó sustituir a Fernández Díaz en 2016 tras su salida de Interior por el escándalo de las grabaciones en las que conspiraba contra políticos independentistas. Todavía quedaban más de dos años para que se iniciara esta investigación por el espionaje a Bárcenas, pero ya había trascendido el trato directo que mantenía con al menos tres de los comisarios implicados en las maniobras del Ministerio del Interior contra los adversarios políticos del PP.

Uno de esos mandos policiales, Marcelino Martín Blas-Aranda, guardaba el número de Martínez en su agenda del móvil junto al alias ‘Paco Bomba‘. Sus aspiraciones se truncaron aunque sí consiguió un escaño por Madrid en el Congreso en las elecciones de junio de ese año. En los siguientes comicios, los de abril de 2019, tanto él como Fernández Díaz fueron apartados de las listas. 

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By |septiembre 8th, 2020|internet, technology, web|0 Comments

Los profesores dudan de que los grupos burbuja vayan a proteger de los contagios: "En estas condiciones son impracticables"

Los profesores dudan de que los grupos burbuja vayan a proteger de los contagios:

Cuatro baños para 210 alumnos de ocho grupos distintos. Una profesora que atiende 12 clases supuestamente aisladas distintas. Comedores con el espacio limitado. Hermanos en clases diferentes pero durmiendo en la misma habitación en casa. Los llamados grupos burbuja, o de convivencia estable, preocupan a los profesores. Muchos ven prácticamente inviable cumplir con el aislamiento aún dentro de los colegios, en un entorno controlado. Del tiempo fuera del colegio ni hablan.

Vaya por delante que en este tema hay tantas realidades como centros. Que lo que se cuestiona no es tanto la idea como su ejecución. “La idea puede estar bien, yo no cuestiono las decisiones de Sanidad porque no estoy en condiciones”, resume Francisco García, secretario general de CCOO. “Pero las condiciones reales la hacen poco realizable y los directores cuentan que mantener las burbujas va a ser tremendamente complicado”, añade. Explica García que el problema fundamental que encuentra es el tamaño de los grupos. “Los expertos hablaban primero de grupos de 10 o 12. Ya estamos por 20. Es poco abordable así”, comenta, y recuerda el ya famoso estudio de la Universidad de Granada que sostiene que un grupo de 20 escolares puede llegar a tener unos 800 contactos cruzados en dos días.

Los grupos burbuja consisten en crear unidades de convivencia estable, en teoría estancas, en las que un grupo de alumnos (que se ha fijado en 20, con más o menos rigidez según dónde) solo se relaciona y tiene contacto entre sí. La idea es que sean lo más cerrados posibles, profesores incluidos, para reducir al mínimo las posibilidades de contagio y, en caso de que haya uno, facilitar la labor de rastreo y aislamiento del resto de miembros. Toda la vuelta al colegio se ha construido sobre esta base.

“Es una mentira”, dice menos diplomática la docente tuitera murciana Maestra Enfurecida. “Ellos quieren burbujas low cost y eso no vale para nada”, sostiene en alusión a que no se han contratado suficientes profesores para hacer los grupos más pequeños ni se han habilitado espacios. Los sindicatos llevan semanas denunciando que apenas se ha contratado o anunciado la contratación de 30.000 docentes extra, la mitad del mínimo que calculan necesario. Los grupos de Whatsapp de docentes, que han proliferado como setas este verano para coordinar protestas y compartir situaciones, arden con este tema.

El curso acaba de empezar y la previsible evolución de la pandemia probará la funcionalidad real de estos grupos más temprano que tarde. En Madrid, de hecho, el primer día de clase ya ha habido que aislar a toda una clase de un colegio por un posible positivo. Las pregunta subsiguiente sale casi sola: ese alumno, ¿tiene hermanos? En su caso, ¿se le aísla solo a él o también a todo su grupo?

Vicente Mañes, presidente de Fedeip (la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos de Infantil y Primaria), aporta una visión medio optimista: “Los grupos burbuja van a funcionar, pero dentro del colegio. Otra cosa será cuando salgan. Pero en los centros estamos muy concienciados con el tema”, asegura. Quizá influya en su visión dar clase en la Comunidad Valenciana, la que más pronto tuvo un plan educativo preparado y contrató a sus profesores de refuerzo. En otras regiones, explican algunas fuentes consultadas, los colegios no tienen ni al personal de limpieza todavía (clave para, por ejemplo, limpiar los servicios entre usos).

En el colegio público Jaime Vera, en el distrito madrileño de Tetuán, han diseñado un plan de grupos burbuja que depende en gran medida de los niños que usen el servicio de comedor. Para los casos de 1º y 2º de Primaria, los grupos no se mezclarán y tendrán un máximo de 20 alumnos, pero en Infantil, 3º y 4º, y 5º y 6º de Primaria se han visto obligados a crear otro “mixto” que mezcla alumnos de distintas edades, una novedad permitida este curso por la Comunidad de Madrid.

En cuanto a los baños, otro de los elementos delicados, Cánovas asegura que “no hay mayor problema”, ya que cuentan con los suficientes como para que haya uno por cada dos aulas. “Además, están muy cerca de la clase, lo ideal es que no vayan sin la compañía de su tutor y, si tienen que hacerlo, hemos diseñado un sistema de semáforo para que sepan cuándo pueden entrar y cuándo no para que no coincidan más de un niño o niña por vez”, explica optimista. Tampoco en el patio, que ha sido delimitado por zonas, clases y horarios para que “no se mezclen entre grupos de convivencia”.

Pero no en todos los centros tienen tantas posibilidades materiales. Sonia, docente en Sevilla, explica que en su colegio hay seis aseos para más de 300 niños. 50 alumnos de Primaria por cada baño, pero solo se pueden mezclar entre ellos. En teoría, entre el uso de un grupo y otro tienen que desinfectarse, lo cual ya plantea dudas. ¿Se van a establecer turnos para que los pequeños utilicen el baño? ¿Se le va a pedir a un niño de ocho años que espere, que no le toca?

También el uso de los profesores especialistas genera intranquilidad. Estos maestros, de materias como Música, Educación Física, Religión, Francés o Inglés, se mueven habitualmente entre las distintas clases, que pueden conjugar o no con una tutoría. Es el caso de Sonia. “Atiendo desde 1º a 6º de Primaria, las dos líneas del colegio. Son 12 clases distintas, ya está roto el grupo burbuja”, explica. “Por mucho que los equipos directivos quieran, que no es que no quieran, si no hay infraestructuras ni profesores de refuerzo…” no termina la frase por obvia.

En el Jaime Vera, de Madrid, sucede algo similar. En el caso de las asignaturas de Música y Educación Física, cada grupo burbuja se dirigirá a aulas específicas que serán “desinfectadas” después de la clase antes de la llegada de los siguientes alumnos. Con lo que no existe alternativa es con las clases de apoyo y de grupos TDA (Trastorno de Déficit de Atención), en los que se mezclarán niños de distintas clases. “Cada tutor les acompañará a la clase especial para que no vayan pululando por ahí”, explica la responsable COVID del centro.

Mañes, director de un colegio en Valencia, cuenta que “con la flexibilización de las medidas ahora se permite la entrada con equipo de protección por parte del profesor con mascarilla y distancia, sin interactuar físicamente con los niños. Antes no se podía”.

Al final, cada centro se está buscando la vida. Unos intentan mantener la estanqueidad aunque la norma les permita romperla con los profesores, otros se agarran a lo que pueden. Algunos centros, como el Intermunicipal de Barcelona, han decidido suprimir algunas asignaturas optativas para evitar esta circulación de profesores entre clases. El centro decidirá por su cuenta qué asignaturas cursa cada grupo. Otros, como el María Guerrero de Madrid, van a intentar ofrecer optativas solo para dos grupos, que alternarán la presencialidad con la distancia para no coincidir. Mañes, en Valencia, explica que también cuentan con la opción de las clases semivirtuales, en las que el profesor da clase en el mismo centro, pero a distancia. Tantas soluciones como centros.

En Murcia, una de las comunidades autónomas que más problemas está teniendo para organizar la vuelta a clase, al menos si atendemos al hecho de que retrasaron el inicio una semana respecto a las demás, la propuesta de la consejera del área, Esperanza Moreno (PP), ha sido dejar fuera del centro escolar cada día al 20% del alumnado, que se quedará en su casa, para al menos cumplir con esos 20 alumnos por grupo. “Despedir a los alumnos”, lo ha llamado la portavoz de Podemos en la Asamblea regional, María Marín.

Y aquí se abre otro posible agujero en los grupos burbuja. Para los escolares de las familias más vulnerables, la Consejería de Política Social ha propuesto aulas-canguro, que tendrán que gestionar los ayuntamientos, donde los niños “tengan un espacio y sus padres o tutores puedan conciliar bajo criterios visados por sanidad, sin ser un sustitutivo de los colegios”, explican fuentes de este departamento a elDiario.es Región de Murcia.

Un primer borrador al que tuvo acceso este periódico no contemplaba ninguna pauta higiénicosanitaria para estos grupos, aunque el Gobierno murciano asegura que ya no tiene validez. El caso es que “no ha llegado nada de nada, ningún protocolo, y estamos a cinco días de que empiecen las clases”, se queja el concejal de Educación de Mula, Diego Boluda. “No tenemos ningún preaviso para organizar estas aulas, no sabemos qué tenemos que hacer”, y se pregunta quién va a ser el responsable de los contagios en el aula-canguro, donde podrían tener que mezclarse niños de distintas clases y distintos colegios. “Se habla de los grupos burbuja en el colegio, ¿pero y en este espacio, cómo lo vamos a hacer?”. Según la Consejería de Política Social, sin embargo, se tratará de aulas con un control de los asistentes y que seguirán unos criterios sanitarios. “Si se pueden organizar aulas-canguro, ¿por qué no organizar directamente más aulas para los niños de Murcia?”, se pregunta Paqui López, de la FAPA Juan González, que aglutina a más de 500 organizaciones asociadas en la Región.

Otros elementos que pueden influir en el correcto desarrollo de los grupos burbuja son los comedores, el transporte escolar o el personal de limpieza. Se da la circunstancia además, por ejemplo en el último caso, de que estos pueden depender de los ayuntamientos y no de las consejerías. Más lío. En algunas regiones en las que aún no han empezado las clases, este personal ni siquiera han llegado a todos los centros. Con el transporte escolar sucede algo parecido, y mala solución tiene: ¿se va a poner un autobús para cada grupo?

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